En Haití, más de ocho de cada diez detenidos siguen esperando juicio

Al 30 de junio de 2026, el 82 % de las 7.563 personas encarceladas en Haití aún no había sido juzgado, según el informe del secretario general de la ONU sobre Haití fechado el 14 de julio. Las cárceles funcionaban a cerca del 313 % de su capacidad, con un promedio de 0,31 m² de espacio por recluso.

El fenómeno tiene nombre: la detención preventiva prolongada. No es nuevo. En un informe de abril de 2023, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) ya señalaba que el 82,7 % de los detenidos esperaba juicio. Al 8 de abril de 2026, la ONU contaba 6.262 personas en detención preventiva de un total de 7.551, es decir, el 82,93 %.

Un sistema bajo presión

Las fugas de marzo de 2024 agravaron el desorden. En la noche del 2 al 3 de marzo de 2024, pandillas atacaron la Penitenciaría Nacional y la prisión civil de Croix-des-Bouquets. Según Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH, citado entonces por la AFP, solo quedaba un centenar de reclusos en la Penitenciaría Nacional, que albergaba a unos 3.800 antes del ataque.

El 19 de enero de 2026, el Ministerio de Justicia lanzó una «caravana nacional» contra el hacinamiento carcelario y la detención preventiva prolongada. Su fase piloto, una audiencia de hábeas corpus en el tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, permitió liberar a 19 personas detenidas por delitos menores, según el informe de la ONU del 14 de abril de 2026.

El 28 de mayo, un comité de seguimiento de la cadena penal reunió a jueces, fiscales, la administración penitenciaria, la Oficina de Protección del Ciudadano, el colegio de abogados y organizaciones no gubernamentales. Examinó en particular el Centro de Reeducación de Menores en Conflicto con la Ley, que albergaba a más de 760 detenidos, menores y adultos, con capacidad para 93 menores, según la ONU.

En Petit-Goâve, abogados para los más pobres

Muchos detenidos no pueden pagar un abogado. Es la premisa de Haiti ARISE, una organización cristiana fundada en 2003 por Marc y Lisa Honorat, cuya oficina en Haití está en Grand-Goâve. Desde abril de 2016 gestiona un Bureau d'assistance judiciaire (BAJ), una oficina de asistencia jurídica que representa gratuitamente ante el juez a personas acusadas de delitos menores. La oficina está en Petit-Goâve, según un video publicado en Instagram por Lisa Honorat a finales de octubre de 2026.

Según la organización, la oficina registró 1.048 casos entre mayo de 2016 y noviembre de 2024: 616 personas fueron liberadas, 293 condenadas y 77 casos seguían en curso. Son cifras que ella presenta y que NAGO no ha podido verificar de forma independiente.

En su publicación, Lisa Honorat precisa que la oficina no acepta casos de narcotráfico, violación, abuso sexual ni asesinato en primer grado, y que sus servicios se financian con donaciones. En su sitio web, la organización cuenta que su labor en las cárceles nació de la historia de un hombre, Jean Sylvio, detenido un mes en la prisión de Petit-Goâve en una celda compartida con unas 70 personas.

En su informe de abril, el secretario general de la ONU celebró el compromiso de las autoridades de relanzar la lucha contra la detención preventiva prolongada y de crear un grupo de trabajo específico, y pidió acelerar la aplicación de la reforma penal.