Ocho muertos en un informe que nadie leyó

«La Dirección General de Protección Civil asume las funciones de coordinación, de seguimiento de la situación y de información al público, haciendo hincapié en la información a las poblaciones expuestas a riesgos.» Así se describe Protección Civil a sí misma, en su informe de situación n.º 3, publicado el martes 27 de octubre a las 16.30. En su sitio web exhibe un lema: «Pwoteksyon Sivil se nou tout» — la protección civil somos todos.

Tomémosle la palabra. Ese informe del 27 de octubre es un buen documento. Registra ocho muertos, cuarenta heridos, cinco desaparecidos, 11 884 familias afectadas y 7 161 viviendas inundadas en veintisiete comunas. Desglosa las cifras por departamento. Cuantifica las necesidades hasta el último kit de higiene. Nombra sus propias limitaciones. Y corrige, en una nota a pie de página, un error de su informe anterior: las 798 viviendas destruidas en el Oeste eran en realidad diez, «debido a un error técnico». Una administración que rectifica sus cifras en plena crisis hace exactamente lo que se espera de ella.

Mientras tanto, el país leía otra cosa. Durante tres días la prensa haitiana repitió el comunicado del 26 de octubre: cuatro o cinco muertos, 2 130 viviendas inundadas, veintiuna comunas. No somos una excepción, y eso es lo más incómodo de escribir. Nuestro propio artículo, publicado la tarde del 27 de octubre, anunciaba cinco muertos y 2 130 viviendas. Anunciaba también dos pescadores desaparecidos, cuando los ocho pescadores de Abricots ya habían regresado a casa con vida. Lo corregimos el 29 de octubre, después de abrir el informe.

Porque había que abrirlo. El balance real no estaba en la página: estaba dentro de un archivo PDF de 774 kilobytes, para descargar, bajo una única entrada. Durante todo el episodio de lluvias, del 24 al 29 de octubre, el sitio de Protección Civil publicó un solo artículo. Para saber cuántos haitianos habían muerto había que hacer clic, descargar y abrir. Un balance que se descarga no es un balance que se publica.

Pueden alegarse las redes, y el propio informe lo hace: la telefonía móvil e internet estaban «muy perturbadas, incluso no disponibles» en varias comunas de Grand'Anse y del Sur. Es cierto, y explica que las cifras del terreno subieran despacio: 300 viviendas en el Sur el 26 de octubre, 3 332 el 27, 7 087 el 28. Pero hay que ser honestos hasta el final, y lo que sigue no nos favorece. Protección Civil publica hoy mejor que antes. En 2016 y en 2021, sus informes solo llegaban al público a través de los sitios humanitarios internacionales, con días de retraso; ahora los difunde ella misma, en francés y en criollo, en su propio sitio y en un canal de WhatsApp, casi en tiempo real. El documento del 27 de octubre estaba, pues, disponible esa misma tarde. No se leyó. El reproche se desplaza, y recae primero sobre la prensa.

Conviene, sin embargo, decir las cosas en su orden. Ese informe, aunque lo hubiera leído todo el mundo, no habría salvado ni a Chanaïca Macilien, de quince años, arrastrada por la quebrada Codas en Gwo Trou, ni a Woodmayley Dieurismé, de dos años y medio, arrastrado por el río Brodequin en Kapiyas. Lo que los habría protegido no se publica: se construye. Y no se construyó.

En 2015, un estudio encargado por el Ministerio de Agricultura lo decía sin rodeos: «La cuenca de Ravine du Sud, con la ciudad de Cayes aguas abajo, presenta el mayor impacto económico de las inundaciones.» El Estado haitiano había señalado por tanto, por escrito y de su puño y letra, la cuenca más costosa del país. Seis años antes, en 2009, había obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo una donación de treinta millones de dólares para proteger de las inundaciones tres cuencas: Cavaillon, Grande Rivière du Nord y Ravine du Sud. Se construyeron cuatro obras de protección de riberas: una en Maniche, sobre el Cavaillon, y tres sobre el Artibonite, una cuenca que no figuraba entre las tres anunciadas. Ni un metro en la Ravine du Sud.

Un segundo financiamiento apuntaba precisamente a esa carencia. Noruega había comprometido catorce millones de dólares adicionales para reforzar las riberas de esas mismas tres cuencas. Una evaluación encargada por la cooperación noruega constató en 2013 que el Ministerio de Agricultura nunca había puesto en marcha el programa y que ninguno de esos fondos había sido desembolsado. Tras dos años de inacción, el dinero fue reasignado: nueve millones al parque Macaya, cinco millones a energía.

Y cuando la suma sí figuró en el presupuesto nacional, no se gastó. En sus propias cuentas del ejercicio 2016-2017, el Ministerio de Agricultura inscribe veinte millones de gourdes en la línea «obras de protección de riberas de los ríos», no gasta ninguna, y consigna él mismo la anotación: «Ninguna realización». La línea contigua, «ordenamiento de cuencas», se ejecuta al 8,6 %, con esta mención: «Sin realizaciones físicas».

El resultado se lee en el informe del 27 de octubre, en palabras de la propia Protección Civil: «las obras de protección de riberas construidas a lo largo de la Ravine du Sud, en particular en los sectores de La Créole y K Larco, sufrieron daños importantes, incluido el derrumbe de varias secciones». Y se entiende mejor por qué, al ver lo que el Estado concede a la institución a la que encarga protegernos del agua: 164 926 650 gourdes para el ejercicio en curso, es decir el 0,048 % del presupuesto nacional, y ni una gourde de inversión.

Seamos justos. Protección Civil hizo su trabajo con lo que se le deja. En el Sur activó sus centros de operaciones en tres niveles y movilizó a 107 personas; siete albergues acogieron a 237 familias. En Nippes, ocho albergues alojaron a 402 personas y 283 de ellas recibieron comidas. En Grand'Anse, el centro departamental celebró reuniones diarias con los alcaldes de nueve comunas de quince, y la policía llevó a cabo una evacuación forzosa en Gébeau ante la negativa de unos vecinos a abandonar un puente durante la crecida. No hallamos rastro alguno de ocultamiento: al contrario, esta administración publica sus errores.

Y ha progresado allí donde nadie mira. En octubre de 2025, antes del huracán Melissa, 2,2 millones de personas recibieron mensajes de alerta y 47 465 cobraron dinero antes de que llegara la tormenta, gracias a dos millones de dólares liberados por anticipado. Esa capacidad no existía en 2016, cuando Matthew mató a 546 personas. La ejecución de su presupuesto pasó del 33,9 % en 2021-2022 al 99,5 % en 2024-2025: ya no se le puede reprochar que no gaste lo que se le da. Y desde agosto de 2025 sus brigadistas cuentan por fin con un seguro de enfermedad, seis años después de que uno de sus propios directores calificara esa ausencia de «inadmisible». En Corail, durante esa misma semana de lluvias, el reperfilado de la quebrada Congo, realizado por el Fondo de Asistencia Económica y Social bajo supervisión del CECI, protegió a los habitantes y sus bienes. Estas obras funcionan cuando se construyen.

Lo que esta institución no publica nunca es a sí misma. El Plan nacional de gestión de riesgos de desastre 2019-2030 le exige informes de avance anuales y semestrales; siete años después, no ha aparecido ninguno. El plan nacional de respuesta de emergencia que figura en su propio sitio es un documento de diciembre de 2001, revisado en 2009, sellado como «documento de trabajo», con una página de acuerdo sin firmar. En ese sitio, las secciones de planes de contingencia, leyes y reglamentos, informes y estadísticas, y plan nacional de emergencia están vacías. Una administración capaz de anunciar en pocas horas que han muerto ocho personas debería poder decir si, en diez años, mueren menos. La nuestra no puede, porque nadie se lo ha exigido jamás.

Pedimos por tanto cuatro cosas. Que Protección Civil publique los informes de avance que su propio plan nacional le exige desde 2019, y un balance anual que diga cuántas personas fueron alertadas, evacuadas y asistidas: sin ello nadie sabrá nunca si progresa. Que difunda sus informes de situación en texto, en un canal que las radios puedan leer al aire, y no en archivos para descargar. Que el Ministerio de Agricultura y el Banco Interamericano de Desarrollo publiquen el recuento final del programa de 2009 —qué se construyó, dónde y por cuánto— y que el ministerio diga qué fue de las obras previstas en la Ravine du Sud. Y que el próximo presupuesto otorgue a Protección Civil una línea de inversión, por modesta que sea, porque una institución sin crédito de inversión no puede construir nada. A los haitianos de aquí y de la diáspora les corresponde reclamar estos documentos, como reclaman cuentas a los candidatos.

Asumimos también un compromiso propio. NAGO leerá en adelante los informes de situación en la fuente, y no el comunicado de la víspera.

El martes 27 de octubre a las 16.30, el Estado haitiano sabía que ocho personas habían muerto. Lo había escrito. No lo dijo.

Derecho de respuesta: NAGO publicará, sin demora y en las mismas condiciones, toda respuesta de la Dirección General de Protección Civil, del Ministerio de Agricultura, del Banco Interamericano de Desarrollo o de cualquier institución citada en este editorial, con documentos que la respalden, enviada a través de nago.tv/contact. Corregiremos todo hecho que se demuestre inexacto.