Especialistas piden anular el decreto sobre la Corte Suprema

Abogados y defensores de derechos humanos llamaron el viernes a la anulación de un decreto que regula la Corte Suprema de Justicia, publicado en diciembre de 2025. Según Rose-Berthe Augustin, miembro del Consejo del orden de abogados en el Barrio de Port-au-Prince, este texto consagraría la impunidad para los delitos financieros cometidos por funcionarios de alto nivel.

El abogado Sonel Jean-François denunció la transformación de la justicia penal en un arbitraje político. Según él, el decreto crea obstáculos a la persecución judicial y neutraliza las instituciones de control del Estado. Marie Rosy Auguste Ducéna, directora de programa del RNDDH, subrayó que este texto transforma un privilegio de jurisdicción en una prerrogativa ligada a la persona durante el período de funciones.

Los participantes también criticaron los procedimientos complejos y menos evidentes relacionados con la acusación ante el Parlamento. El decreto se ve como un obstáculo importante para la justicia penal especializada en materia financiera, según el abogado Jean-François.

Llamado conjunto

Al cierre de dos días de reflexión sobre las consecuencias del decreto, celebrados en las oficinas del RNDDH, Edouard Paultre (directora del Ensemble contra la corrupción), Jocelyne Colas (directora de información de Radio Ibo) y otros llamaron unánimes a su derogación. Su crítica se dirige a varios aspectos irregulares del texto, incluyendo los plazos de prescripción y el filtrado parlamentario.

Participantes

Entre los participantes figuraban Danièle Magloire (activista de derechos humanos), Marie-France Joachim (ex miembro del CEP), Godson Pierre (director general del grupo Medios alternativos) y James Beltis (responsable de «Nou pap dòmi»).