Un nuevo decreto electoral aligera los documentos requeridos y reduce los costos de inscripción

Menos documentos administrativos y médicos en el expediente

La lista de requisitos fijada en el artículo 153 se ha aligerado de varios trámites administrativos. Los aspirantes ya no tienen que presentar el certificado emitido por la Banque de la République d'Haïti que acredita la ausencia de quiebra, de deudas pendientes, de retiros de chequeras o de impagos sucesivos. El decreto también elimina la obligación de obtener un certificado de solvencia de la Oficina Nacional de Seguro de Vejez ni del Fondo de Desarrollo Industrial. Además, el certificado médico que figuraba en la versión anterior deja de ser obligatorio.

En el ámbito fiscal, ha desaparecido la obligación de haber pagado cada año las obligaciones tributarias y de haber presentado las declaraciones a tiempo durante los últimos cinco años. El artículo 153 exige ahora justificantes de declaración definitiva que cubran cinco años para los cargos de presidente, senador, diputado o miembro de un consejo municipal, y dos años para los aspirantes a CASEC y ASEC. No obstante, los candidatos siguen estando obligados a encontrarse al corriente con la administración fiscal en virtud de los artículos 76, 84 y 95.

Bajada generalizada de las tasas de candidatura

Según las disposiciones del artículo 157, las tasas requeridas para postularse disminuyen notablemente en casi todos los cargos. Aunque el coste para la presidencia se mantiene en dos millones de gourdes, la suma exigida para el Senado baja de 800 000 a 400 000 gourdes, y la relativa a la diputación se reduce de 300 000 a 100 000 gourdes. Las planchas para las alcaldías deberán abonar 50 000 gourdes en lugar de 100 000 gourdes. Por último, las cuantías pasan de 25 000 a 15 000 gourdes para el CASEC y caen a 5 000 gourdes para el ASEC, frente a los 25 000 anteriores.

Nuevos plazos para las dimisiones y el calendario electoral

Por lo que respecta a los agentes ejecutivos interinos que deseen participar, el artículo 388 les concede un plazo máximo de siete días a partir de la publicación oficial para abandonar sus cargos, bajo pena de ver rechazado su expediente, lo que sustituye a la antigua exigencia de dimitir dos meses antes de los registros. Paralelamente, el Consejo Electoral Provisional ha pospuesto el registro en línea y la entrega de expedientes al 31 de octubre de 2026. Si bien un primer calendario fijaba las elecciones legislativas y presidenciales para el 13 diciembre de 2026, la institución ha aplazado la campaña oficial, cuyo nuevo calendario se fijará junto con los partidos autorizados.