El Gobierno dominicano adopta un decreto que regula la inteligencia artificial en el sector público

La República Dominicana promulgó el decreto 787-26 para establecer un código de ética que regule el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos. La normativa impone controles obligatorios a todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, a fin de garantizar una adopción tecnológica transparente, inclusiva y segura. Según El Nuevo Diario, la medida fue impulsada por el presidente Luis Abinader. El marco normativo fue elaborado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto. El texto se ajusta a las normas de la UNESCO y de la OCDE.

Prohibiciones y protección de los ciudadanos

El nuevo texto obliga a los organismos públicos a realizar evaluaciones de impacto ético y de derechos antes de poner en marcha sistemas automatizados considerados de alto riesgo, en particular los que influyen en el acceso a prestaciones sociales o en las facultades sancionadoras. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados cuando una decisión administrativa se basa en algoritmos, así como a solicitar una revisión humana y explicaciones claras.

La normativa prohíbe la clasificación social, la identificación biométrica masiva en el espacio público sin autorización judicial, la elaboración de perfiles penales predictivos basados en prejuicios, la automatización de las sentencias punitivas y las armas autónomas. Se otorga una protección reforzada a los menores, con la prohibición de las herramientas que generen contenido perjudicial o discriminatorio. Las entidades públicas deben además garantizar el control soberano de los datos y descartar las tecnologías opacas que no puedan auditarse.

Aplicación y proyectos regionales

Un órgano consultivo denominado Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial reúne a entidades estatales y a miembros de la sociedad civil del Foro Multiactor de Gobierno Abierto para supervisar la aplicación de estas normas. Las administraciones disponen de un plazo de 180 días calendario para adaptar sus procedimientos internos, declarar sus sistemas y designar responsables.

Según Metro Puerto Rico, en Puerto Rico se estudia una iniciativa legislativa distinta para atraer centros de datos e imponer al mismo tiempo estrictas exigencias energéticas a fin de proteger la red eléctrica.