Puerto Rico: la Cámara de Representantes vota la reforma judicial que eliminaría a los jueces municipales

Lo que prevé el texto

Noticel indica que el proyecto derogaría la Ley de la Judicatura de 2003 y eliminaría la categoría de jueces municipales. Establecería una organización en tres niveles:

- El Tribunal Supremo, con sus 11 miembros;

- Un Tribunal de Apelaciones de 39 jueces;

- Un Tribunal de Primera Instancia de 338 jueces superiores.

El cambio central sería un modelo de gestión compartida. La asamblea plenaria del Tribunal Supremo tendría el poder de adoptar la regulación administrativa de la Rama Judicial, conjuntamente con el juez presidente. Esto modificaría la distribución actual de los poderes administrativos.

Defensores y opositores en la Cámara

Sigfrido Steidel, administrador de la Oficina de Administración de los Tribunales, advirtió durante una audiencia pública que este modelo reduciría significativamente la autoridad del juez presidente. Según él, éste se convertiría en un simple ejecutor de las decisiones de la asamblea plenaria.

José «Che» Pérez Cordero, quien preside la comisión jurídica, responde que el objetivo es distribuir los poderes administrativos entre los miembros del Tribunal Supremo. Según él, la juez presidenta conserva sus prerrogativas para administrar la Rama Judicial. El presidente de la Cámara, Carlos «Johnny» Méndez Núñez, sostiene que la Asamblea Legislativa tiene la autoridad de revisar el funcionamiento del poder judicial. Añade que las reglas del Tribunal Supremo deben ser aprobadas por la asamblea plenaria y aplicadas por la Oficina de Administración de los Tribunales.

Del lado de la oposición, Héctor Ferrer Santiago, portavoz del Partido Popular Democrático, consideró que la ley altera el orden constitucional del Tribunal Supremo. Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño, también levantó objeciones constitucionales y advirtió sobre obstáculos al acceso a la justicia.

El llamado a veto y la réplica de Rivera Schatz

Según Metro Puerto Rico, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, calificó la adopción final del proyecto como una profunda gravedad para el orden constitucional en declaraciones autorizadas del 22 de octubre. Invitó a la gobernadora Jenniffer González Colón a usar su derecho de veto.

La jueza afirma que el proyecto confía a la asamblea plenaria decisiones esenciales de la administración judicial, mientras deja a la presidencia la responsabilidad del funcionamiento del sistema. Añade que la Rama Judicial ha expuesto sus preocupaciones a la Asamblea Legislativa durante meses sin ser escuchada. Si los legisladores consideran que la distribución de responsabilidades debe modificarse, el camino legítimo sería una enmienda constitucional sometida al pueblo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respondió expresando su respeto por la magistrada y por su función. Le dijo que, si cree realmente que el orden constitucional está amenazado, su deber es cuestionar la ley ante los tribunales cuando el litigio esté maduro. También señaló que su llamado público al veto se produce mientras el Tribunal Supremo está enjuiciando la demanda del gobierno contra LUMA Energy, lo que podría, según él, afectar el «diseño ético» de la magistratura. Finalmente, preguntó si los otros jueces, tanto de Apelaciones como de Primera Instancia, podrían expresarse de la misma manera, y afirmó que la dignidad del silencio es más persuasiva que el grito.