Alfredo Junior Antoine, señalado por la ONU como patrocinador del ataque de Kenscoff, se presenta de nuevo

El registro del CEP no publica ni fecha de nacimiento ni fotografía: siete campos y nada más. Seis hombres apellidados Antoine aspiran a un escaño de diputado. La identificación se apoya, por tanto, en la coincidencia del nombre completo, el cargo y la comuna, la misma que él representó. El tablero advierte además que sus datos «son dinámicos y estrictamente preliminares» y que «la lista oficial y definitiva de candidatos será publicada por el CEP únicamente después del proceso de verificación y validación de los expedientes». Las inscripciones siguen abiertas hasta el 31 de octubre. En el momento de la comprobación, el registro contaba 4.644 candidaturas, de ellas 1.054 a la diputación; cinco hombres compiten por el escaño de Kenscoff.

El informe S/2026/714 dedica cuatro párrafos a Alfredo Junior Antoine. Lo considera responsable de secuestros y detenciones ilegales destinados a intimidar a adversarios políticos o a apoderarse de bienes. Sostiene que planificó ataques con bandas en varios barrios de Kenscoff, que se comunicaba con frecuencia con miembros de Viv Ansanm —entre ellos Dady Paul, alias «Didy»— y con Magalie Habitant, y que mantenía vínculos estrechos con Vitelhomme Innocent, él mismo sancionado. Lo identifica como uno de los proveedores de armas, municiones y recursos financieros de Viv Ansanm, por medio de un intermediario, e indica que se hallaron varias armas ilícitas en su domicilio.

Las notas del informe remiten a entrevistas con varias víctimas, a fuentes confidenciales y a un informe de investigación confidencial de mayo de 2025. Coinciden con hechos ya públicos. La Dirección Central de la Policía Judicial había emitido una orden de búsqueda contra él: el anexo 14 del informe reproduce el aviso, difundido en la página de Facebook de la policía en febrero de 2025. Fue detenido la tarde del viernes 4 de abril de 2025 en Morne Calvaire, tras un seguimiento: Le Nouvelliste y Rezo Nòdwès lo informaron ese mismo día. Los cargos eran conspiración contra la seguridad del Estado, financiación de organizaciones criminales, complicidad en asesinato y asociación ilícita. Fue puesto en libertad el 9 de mayo de 2025.

«Una protesta formal y solemne»

Alfredo Junior Antoine lo niega todo. El Grupo de Expertos indica que lo contactó por correo electrónico, que recibió de él un desmentido de sus vínculos con las bandas, que transmitió su respuesta al comité de sanciones y que mantiene sus conclusiones.

El 8 de octubre de 2026, al día siguiente de la publicación, sus abogados —Sonet Saint-Louis, Guérilus Fanfan y Sergot Oreste, del colegio de Puerto Príncipe— se dirigieron al Secretario General de las Naciones Unidas, por conducto de su representante especial en Haití, con lo que califican de «protesta formal y solemne». Su cliente, escriben, «rechaza categóricamente y sin el menor equívoco esas imputaciones» y recusa «toda afirmación que tienda a atribuirle vínculo, apoyo o financiación alguna» respecto de una banda u organización criminal armada; condena la violencia en Haití, «particularmente en Kenscoff». Los abogados reclaman la retirada de los pasajes por falta de elementos probatorios, un examen «objetivo y contradictorio», la rectificación de errores fácticos y, en defecto de retirada, la publicación de una aclaración.

Su línea pública es constante. En febrero de 2026 instaba al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé a erigir la seguridad de Kenscoff en prioridad nacional y a dotar a la comuna de un plan duradero. En el momento de su detención, Le Nouvelliste recordaba que siempre había negado estar en contacto con delincuentes.

Lo que exige el decreto electoral

El artículo 95 del decreto electoral del 2 de junio de 2026 fija, además de las condiciones previstas en la Constitución, trece condiciones para ser candidato a la diputación. Tres afectan directamente a este expediente. El candidato no debe «ser objeto de una orden de detención o de un aviso de búsqueda emitido por una autoridad judicial o policial, a nivel nacional o internacional». No debe «ser objeto de proceso judicial, de investigación penal o administrativa». Y no debe «ser notoriamente conocido por haber perpetrado actos de secuestro, de privación ilegal de libertad, de crímenes y delitos financieros, de corrupción, de crímenes de masa y de violencia sexual, de despojo». El texto precisa quién establece esa notoriedad, y a partir de qué: «Esta notoriedad es establecida y verificada por el CEP a partir de los distintos informes de las organizaciones de derechos humanos, de las distintas denuncias ante la Policía, las Fiscalías, los Tribunales y las Organizaciones internacionales.» Un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad es un informe de organización internacional.

La decimotercera condición no le es oponible: comprobado el 17 de octubre de 2026 en el registro del comité creado por la resolución 2653, Alfredo Junior Antoine no es objeto de ninguna sanción del Consejo de Seguridad. Ser nombrado en el informe de un grupo de expertos y estar sancionado son dos cosas distintas, y confundirlas es precisamente lo que él reprocha al informe.

El artículo 153, que enumera las piezas que hacen admisible un expediente, exige otras más: un certificado de antecedentes penales de menos de seis meses expedido por la secretaría del tribunal de primera instancia del domicilio, y una declaración jurada firmada ante notario que certifique «no haber sido nunca condenado ni haber estado detenido, ni en Haití ni en el extranjero, por infracciones económicas, de violencia sexual, de tráfico ilícito de armas de fuego o de drogas, de secuestro y privación ilegal de libertad de personas, o cualesquiera infracciones o delitos». Otra de las piezas es un certificado negativo de policía expedido por la DCPJ, la misma institución que había emitido el aviso de búsqueda contra él.

Cómo se registró un expediente que contiene esas piezas, o si se registró con reservas, el CEP no lo dice, y nada le obliga todavía a decirlo: la verificación de los expedientes no ha comenzado, y será ella la que decida. En un pasaje dedicado al Artibonito y a otras figuras, el informe recoge que sus fuentes advirtieron que, de cara a las elecciones, personas vinculadas a las bandas podrían explotar esos vínculos para movilizar apoyos, intimidar a rivales y desestabilizar el país.

Queda lo que no hemos podido establecer. No hemos obtenido copia del expediente depositado ante el CEP ni la lista de las piezas que contiene. No hemos podido determinar en qué punto se encuentra el procedimiento abierto tras la detención de abril de 2025, ni si un juez de instrucción conoce de él. El CEP no se ha pronunciado públicamente sobre la elegibilidad de las personas nombradas en el informe del Grupo de Expertos. Y ni el candidato ni Ansanm Nou Fò han publicado un programa para esta elección.